Las claúsulas de protección social en los préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial. El caso del plan alimentario Pro-Huerta.
Autor
Víctor Abramovich
Fecha de Publicación: noviembre 2004
Resumen:
Argentina recibió del Banco Mundial un préstamo de ajuste estructural por 2.500 millones de dólares, destinado a la realización de correcciones fiscales para evitar la devaluación de la moneda nacional. El préstamo se proponía ayudar al país a reducir su vulnerabilidad ante las variaciones abruptas de los mercados financieros internacionales y, al mismo tiempo, fortalecer su capacidad para el crecimiento económico sostenido y con equidad social.
El programa Pro-Huerta (programa de seguridad alimentaria, dirigido a mejorar la dieta de la población con necesidades básicas insatisfechas mediante la auto producción de alimentos en pequeña escala.), fue uno de los incorporados a la canasta de programas garantizados por el préstamo.
A fines de 1998 el gobierno argentino, debido a necesidades económicas, planteó una reestructuración que terminó dejando resultados no deseados: una drástica reducción de los fondos afectados a la continuidad de los programas sociales en curso, sin que siquiera se reparase en la naturaleza alimentaria de las prestaciones brindadas. Así, con la aprobación de la ley presupuestaria para el ejercicio 199910 , la Secretaría de Desarrollo Social recibió, en carácter de fondos para su asignación específica al Programa, la suma de 4 millones de pesos, equivalente a un 32% del total presupuestado originalmente por la propia Secretaría, lo que hacía inocultable la decisión gubernamental de utilizar ciertos programas sociales como variables de ajuste del déficit presupuestario.
En el mes de junio de 1999, con el asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, un grupo de beneficiarios denunciaron ante la Oficina Subregional del Banco Mundial que el recorte de presupuesto del programa constituía un incumplimiento de la cláusula Las cláusulas de protección social en los préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial. El caso del plan alimentario Pro-Huerta social contenida en el acuerdo de crédito. Si bien el gobierno había cumplido con el compromiso de mantener un monto global de fondos destinados a los programas sociales de la canasta, los denunciantes alegaron que la obligación contractual del Estado comprendía el resguardo presupuestario de una suma indispensable para asegurar la continuidad de los programas incluidos en el convenio financiero suscrito con el Banco. Los denunciantes sostuvieron que esta interpretación de las cláusulas convencionales era la única compatible con el objetivo de los préstamos especiales de ajuste estructural, que consiste precisamente en impedir que el ordenamiento del gasto público termine afectando la porción del gasto social destinada a paliar las necesidades más apremiantes de los sectores indigentes.
El artículo, que forma parte de una publicación de CEJIL titulada «Construyendo una agenda para la justiciabilidad de los derechos sociales» hace un estudio profundizado del caso en donde se analizan los recortes presupuestarios que afectan a programas de desarrollo social.