Foco Temático: Discriminación, acceso a la educación, discapacidad física y mental, estudiante con dislexia que acude a escuela pública
Caso:
Moore v. British Columbia (Education) 2012 SCC 61, [2012] 3 S.C.R. 360
Tribunal:
Supreme Court - Superior
Sentencia:
De Fondo
País: Canadá
Hechos:
J sufre una dislexia severa por la cual recibía educación especial en la escuela pública a la que asistía. En su Segundo grado, un psicólogo del distrito escolar recomendó que, como ya no podía conseguir la ayuda para remediar su situación en esa escuela, debería ser atendido en el Centro de Diagnóstico Local, donde recibiría la ayuda necesaria. Cuando el Centro de Diagnóstico fue cerrado por el distrito escolar, J fue transferido a una escuela privada para poder recibir la instrucción que necesitaba.
Objeto:
El padre de J elevó una denuncia ante el British Columbia Human Rights Tribunal en favor de J, contra el distrito escolar y la provincia, basándose que a J le había sido denegado un “servicio…habitualmente a disposición” según lo norma el art. 8 del British Columbia Human Rights Code.
«…His father filed a complaint with the B.C. Human Rights Tribunal on J’s behalf against the school district and the Province on the grounds that J had been denied a “service . . . customarily available to the public” under s. 8 of the B.C. Human Rights Code.»
Antecedentes:
El Tribunal Constitucional, en primera instancia, tuvo que analizar la alegación del padre de J de haber sido su hijo discriminado y excluido del sistema educativo general, por su condición de discapacidad, toda vez que las autoridades de British Columbia habían dejado de destinar recursos financieros para la manutención del centro de diagnóstico que le hubiera permitido continuar recibiendo educación gratuita. concluyó que la falla en el sistema educativo al no poder darle J el apoyo que necesitaba para que pueda tener un acceso a las oportunidades educativas ofrecidas, terminó siendo una discriminación según el Código (Human Rights Code).
El juzgamiento de revisión dejó de lado la decisión previa encontrando que no había tal discriminación.
Análisis Presupuestario:
La justificación del Distrito se centró en la crisis presupuestaria a la que se enfrentó durante el período relevante, lo que llevó a la clausura del Centro de Diagnóstico y a otros recortes relacionados.
El Tribunal entendió que el Distrito debía tener otras opciones para enfrentar su crisis presupuestaria.
Asimismo, aceptó que el Distrito debió enfrentar dificultades financieras durante el período analizado. Sin embargo, también entendió que los recortes fueron desproporcionados respecto de los programas de necesidades especiales. A pesar del costo similiar, el Distrito retuvo algunos programas discrecionales, como por ejemplo la “Outdoor School” una escuela al aire libre, donde los estudiantes parenden sobre la comunidad y el medio ambiente.
Más significativamente, el Tribunal concluyó que el Distrito no realizó ninguna evaluación, financiera o de otro tipo, sobre qué alternativas disponibles había o podría haber para poder reacomodar a los y las estudiantes una vez que el Centro esté cerrado.
La falta de consideración sobre medidas alternativas socava por competo el argumento del Distrito que justificó la falta de acceso a la educación de J en que no tenía ninguna opción debido a la crisis presupuestaria.
En orden a decidir si no había otra opción al menos debía considerarse que otras opciones existían.
Por esto, el Tribunal concluye que la discriminación en contra de J efectivamente existió.
Quién introdujo el argumento presupuestario:
Los demandados al argumentar que debido a la crisis presupuestaria que el distrito estaba atravesando, no tuvo más opción que cerrar el Centro de Diagnóstico a donde J asistía, porque no tenía otra “opción económica”.
Decisión del Tribunal:
El tribunal decidió lo siguiente:
«…La discriminación en contra de J debe ser acogida, como deberían serlo también las órdenes individuales que mandan a reembolsar a la familia de J (the Moores) por el costo de la escuela privada y por los daños causados. Estas órdenes pretenden compensarlos por los daños sufridos y son correctas dentro de las amplias facultades correctivas de la Corte.
Habiendo dado mi opinión sobre la responsabilidad de la Provincia, sin embargo, la orden de reembolso y daños debe aplicarse solamente para el Distrito. Debería, no obstante, dejar de lado las órdenes restantes…»
“[70] This does not in any way detract, however, from the cogency of the Tribunal’s core analysis. Its finding of discrimination against Jeffrey Moore by the District should be upheld, as should the individual orders, which reimburse the Moores for the cost of private schooling and award them damages. These orders properly seek to compensate them for the harm that Jeffrey suffered and were well within the Tribunal’s broad remedial authority. Given my earlier comments on the liability of the Province, however, the order for reimbursement and damages should apply only against the District. I would, however, set aside the remaining orders.
[71] The appeal is therefore substantially allowed as discussed, with costs to the Moores throughout since they were successful in upholding the central finding that there was discrimination.
Appeal substantially allowed with costs throughout.”