Autor/es
Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa
Resumen:
La población europea esta atravesando la peor recesión económica desde la segunda guerra mundial. Lo que comenzó siendo un colapso del sistema financiero mundial en 2008, se ha convertido en una nueva realidad política de austeridad que amenaza más de seis décadas de solidaridad social y de expansión de la protección de los derechos humanos entre los Estados miembros del Consejo de Europa. Las primeras respuestas gubernamentales a las crisis económica, se caracterizaron por unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes, que perseguían garantizar la protección social y al mismo tiempo estimular la demanda económica con el fin de evitar una verdadera recesión de alcance mundial. Sin embargo, desde 2010, muchos gobiernos se han centrado en llevar a cabo políticas de austeridad de urgencia, ignorando a menudo los modos de participación ordinarios y el equilibrio de poderes aceptado democráticamente. Por otro lado, instituciones europeas e internacionales de gobernanza económica han asumido también un papel clave en la aplicación de medidas de austeridad.
Muchas de esas medidas de austeridad – caracterizadas por recortes del gasto público, incremento de los impuestos regresivos, la reforma de las pensiones y una protección laboral reducida – han empeorado las ya de por si graves consecuencias humanitarias de la crisis económica, marcada por niveles récord de desempleo. Un amplio abanico de derechos humanos se ha visto afectado – desde el derecho a un trabajo digno, a un nivel de vida adecuado y a tener seguridad social, hasta el acceso a la justicia, la libertad de expresión y el derecho a la participación, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Dichas medidas han afectado de manera desproporcionada a grupos vulnerables y marginados, lo que ha agravado las pautas preexistentes de discriminación en las esferas política, económica y social. La pobreza, incluida la marginación infantil, es cada vez más profunda, lo que probablemente tenga efectos a largo plazo. En ciertos casos, la crisis económica está socavando la propia capacidad de las autoridades centrales y locales para poder cumplir con las promesas básicas de un estado de bienestar y asegurar una protección de los derechos humanos para todos.
La política económica no está exenta del deber que tienen los estados miembros de poner en práctica la legislación de derechos humanos y los principios procesales.
Este documento establece asimismo una serie de recomendaciones sobre respuestas a la crisis que sean respetuosas con los derechos humanos y aborda el papel importante y único de las instituciones nacionales de derechos humanos para garantizar que dichos derechos sean protegidos en las situaciones de crisis.
El capítulo 1 de este documento proporciona una breve descripción de algunas de las repercusiones de la crisis económica y consiguientes medidas de austeridad en el disfrute de los derechos humanos en Europa.
El capítulo 2 expone las normas y principios de derechos humanos más relevantes en tiempos de recesión y recuperación económica.
El capítulo 3 proporciona orientaciones precisas sobre cómo implementar de manera efectiva estas normas en la práctica, y por lo tanto ilustra cómo la legislación de derechos humanos puede ayudar a concebir y configurar las respuestas de los Estados miembros a los complejos y urgentes dilemas económicos a los que se enfrentan.
El capítulo 4 concluye citando el importante papel que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden desempeñar en la supervisión, en el seguimiento y en la implementación de las políticas de austeridad, así como en la rendición de cuentas, en aquellos casos en que se produzcan infracciones de los derechos humanos como resultado de la austeridad.
Finalmente, con el fin de garantizar el disfrute igual y efectivo de todos los derechos humanos – civiles, políticos, económicos, sociales y culturales – en periodos de crisis económica y austeridad fiscal, el Comisario para los Derechos Humanos hace un llamamiento a los países miembros del Consejo de Europa con el fin de que:
1. institucionalicen la transparencia, la participación y la rendición pública de cuentas a lo largo de todo el ciclo económico y social
2. evalúen de manera sistemática las repercusiones de las políticas
presupuestarias, sociales y económicas en la igualdad y los derechos humanos.
3. promuevan la igualdad y combatan la discriminación y el racismo
4. aseguren unos niveles mínimos de protección social para todos
5. garanticen el derecho a un trabajo digno
6. regulen el sector financiero en favor de los derechos humanos
7. trabajen de forma conjunta para hacer realidad los derechos humanos a través de la cooperación y la asistencia económica.
8. involucren y presten apoyo a una sociedad civil activa
9. garanticen el acceso a la justicia para todos
10. ratifiquen los instrumentos europeos e internacionales de derechos humanos en el campo de los derechos económicos y sociales
11. sistematicen el trabajo en pro de los derechos humanos
12. involucren y empoderen a las instituciones nacionales de derechos humanos como respuesta a la crisis económica.