Consulta previa a modificaciones presupuestarias: Reducción del financiamiento de organizaciones que promueven los derechos de grupos desaventajados (Reino Unido, 2011)

Hechos:

Zanepa Hajrula y Mura Hamza son usuarios de los servicios prestados por Roma Support Group (RSG), una organización que apoya a niños y niñas Romaníes e Itinerantes, particularmente en relación con la educación.

London Council es un órgano  creado por los municipios y la ciudad de Londres, cuya misión es proveer una serie de estipendios a favor de ciertos grupos desaventajados de la ciudad.

A fines del 2009, London Council decidió que era necesario hacer una revisión del esquema, debido principalmente a la difícil situación financiera general. En síntesis, buscaba encontrar la manera de reducir su presupuesto para los programas que financiaba.

Para ello se llevó a cabo un mecanismo de consulta para iniciar un proceso de priorización de servicios. Este mecanismo determinaría qué servicios financiados actualmente por el London Council serían «repatriados» a cada municipio, de modo de que cada uno decidiera por sí mismo como seguir subsidiándolos. Para ello, se establecieron tres categorías que reflejaban diferentes niveles de financiación (financiadas por el London Council, los municipios, etc.), en las cuales, según los resultados de las consultas, se ubicarían las diferentes organizaciones.

Objeto:

La solicitud hecha por los beneficiarios del RSG contra London Council contiene dos alegaciones: sostienen, por un lado, que la consulta no fue realizada conforme a la ley y, por otro lado, que no se prestó suficiente atención a los deberes de igualdad. Entienden que, en consecuencia, fue ilegal la decisión del Consejo de  recategorizar al demandante y a otros como organizaciones que no deberían calificar para recibir financiación por parte de la demandada, de finalizar esa financiación a partir del 30 de junio de 2011 y de establecer un presupuesto que reflejara esa decisión. 

«The claim makes two allegations which are split into sub-heads: first, that the consultation was not lawful, and second that the regard paid to its public service equality duties was insufficient so that on either or both grounds the decision of the Council to recharacterise the claimant and others as organisations which should not qualify for funding by the defendant, to terminate such funding from 30 June 2011, and to set a budget which reflected that decision were unlawful.»

Antecedentes:

Los demandantes plantean una revisión judicial y argumentan, en primer lugar, que las decisiones finalmente tomadas no fueron lo suficientemente claras, en particular respecto de los recortes a las comisiones y la posibilidad de buscar información sobre la próxima ronda de comisiones. Además, sostienen que no hubo suficiente información sobre las razones por las cuales fueron propuestas las tres categorías ni sobre cómo la consulta iba a tomar las categorizaciones para informar sus decisiones sobre financiamientos. Asimismo, entienden que también faltó una oportunidad para observar el impacto de la decisión.

Análisis Presupuestario:

La Corte analiza dicho procedimiento desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades para los grupos menos aventajados de Londres, que son quienes, en definitiva, reciben el apoyo directo de estas organizaciones. Esta interpretación surge del «Section 71 of the Race Relations Act» que obliga a los poderes públicos a tener en cuenta los problemas de discriminación racial antes de implementar cualquier política.

Al analizar la cuestión de la consulta previa a las modificaciones presupuestarias, la Corte entiende que si bien en la jurisprudencia no hay un principio general que indique de qué modo deben hacerse las consultas previas (que son una precondición de este tipo de medidas), su esencia es la comunicación de una genuina invitación a dar consejos y una genuina recepción de esos consejos. Se subraya que la información y el tiempo brindados deben ser suficientes para que se pueda emitir una opinión útil a esos fines, y que también debe disponerse de un tiempo suficiente para que la opinión de la parte consultada sea adecuadamente considerada.

Quién introdujo el argumento presupuestario:

El argumento presupuestario fue presentado por el demandado, quien justificó la decisión de realizar recortes en los subsidios por referencia a problemas de índole económica, que, según surge del texto de la causa, son conocidas públicamente.

Decisión del Tribunal:

La conclusión a la que llega la Corte es que el procedimiento llevado a cabo por London Council  para el recorte del financiamiento arguyendo razones de escasez de recursos fue defectuoso y que los demandantes tienen derecho a una declaración que diga que el demandado incumplió con sus deberes de igualdad en el servicio público, al no haber tenido debidamente en cuenta la necesidad de eliminar la discriminación prohibida, y de promover la igualdad de oportunidades y las buenas relaciones raciales en el desempeño de esas funciones.

«(…) the whole process was dealt with from start to finish by service heads, which, as is conceded on both sides, were not created with protected groups in mind (…). Accordingly I find that the consultation was properly carried out, subject to the flaw I have identified, which would not, had it purely been a question of proper consultation, have vitiated the consultation. That flaw, however, permeates through to the second complaint as far as the equality duties are concerned. (…) my finding means that it is the process which was flawed, and that the claimants are entitled to a declaration that the defendant breached its public service equality duties by failing to give due regard to the need to eliminate unlawful discrimination, promote equality of opportunity and to promote good race relations in performance of these functions. That entitled it to an order quashing the decisions, save and except any decisions in respect of providers of services who may have consented to the decision in their case, which terminated their funding as from 30 June 2011, and an order requiring the defendant to carry out a proper equality impact assessment in the performance of its duties, which considers service providers either by heads of protected characteristics or by individual provision, or perhaps by the institution of an appeal process, or otherwise fairly, and not to cut off funding to any such service provider before three months from the decision to do so have lapsed».